10 de febrero de 2008

LA MANIPULACIÓN DEL SUFRIMIENTO

Hoy he dado paso en mi editorial a dos documentos de un valor histórico, pues muestran la posición del gobierno actual frente a las victimas de la violencia en Colombia con una clara demostración maniqueista y la respuesta ÉTICA dada por Iván Cepeda presidente de las organizaciones de familiares de las víctimas de la violencia en nuestro país, en la cual ratifica su posición de exigir la RENUNCIA DEL COMISIONADO DE PAZ LUIS CARLOS RESTREPO. Juzgue usted amigo lector. Tomado del semanario El Espectador. Fabio Alberto Cortés. Bogotá Colombia

El Espectador
26 de enero de 2008

El dolor de los secuestrados
Luis Carlos Restrepo – Alto Comisionado para la Paz

Ver a compatriotas enjaulados y encadenados, torturados con sevicia y asesinados sin piedad cuando sus captores arbitrariamente lo deciden, es una afrenta a la humanidad entera. Las Farc secuestran a las víctimas para causar sufrimiento en sus familiares y generar presión sobre el Gobierno y la sociedad colombiana, a fin de obtener el control de un territorio que piden para iniciar la negociación y cambiar este grupo de secuestrados por guerrilleros presos que buscan reintegrar a su estructura armada. De esta forma pretenden igualarse al Estado de Derecho, rompiendo la médula de la ley penal, obligando al Gobierno a liberar criminales responsables de delitos atroces que legalmente han sido capturados y condenados.

El canje, tal como lo ideó Manuel Marulanda, es una puerta giratoria que permite por un lado secuestrar militares, policías y civiles, mientras por el otro se sacan de las cárceles guerrilleros capturados por la Fuerza Pública y condenados por los jueces de la República. Esta propuesta nada tiene de humanitario, convirtiéndose más bien en una estocada al corazón de la institucionalidad democrática. Si un Estado pierde su capacidad para reprimir el delito y permite el intercambio permanente de criminales legalmente procesados por secuestrados inocentes, tarde o temprano acabará por derrumbarse. De allí la dificultad que han tenido sucesivos gobiernos para darle una salida definitiva a este problema.

Entendiendo que las Farc violan todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, que sus pretensiones son absurdas y que su capacidad de chantaje, extorsión y crueldad no tiene límite, estamos en la obligación de buscar una solución humanitaria al drama de los secuestrados que ellos llaman canjeables. Descartando la posibilidad de entregarles un territorio para empezar a negociar –cosa diferente a poner en marcha una zona de encuentro-, podemos adelantar un “acuerdo humanitario” en el marco del Estado de Derecho, siempre y cuando estos actos humanitarios funcionen como caminos de paz y no como medios para el fortalecimiento del terrorismo. Un acto humanitario no puede confundirse con un acto de claudicación institucional que debilite la autoridad democrática.

Ante el clamor por una solución humanitaria que abra las puertas para la liberación de los secuestrados en poder de las Farc, el Gobierno Nacional apoyó el trámite y aprobación del capítulo XI de la Ley 975 de 2005. En dicho capítulo el legislador plasmó facultades, concedidas al Presidente de la República , para solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena a miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten acuerdos humanitarios. Como dicho beneficio se concede en condiciones diferentes a las establecidas en el artículo 63 del Código Penal, resulta necesario que quienes lo reciban se comprometan a no volver a delinquir.

Según lo establecido en el proyecto de Decreto reglamentario del artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz, que desde fines del año pasado el Gobierno viene socializando al interior de los organismos del Estado y con los partidos políticos, una vez firmado el acuerdo humanitario y definidos los nombres de los secuestrados que se van a liberar, el Gobierno Nacional se compromete a tramitar los beneficios jurídicos consignados en dicho artículo para los miembros de las Farc presos en cárceles del Estado colombiano cuya excarcelación resulte determinante para la concreción del acuerdo humanitario.

Para aliviar el sufrimiento de un grupo de ciudadanos afectados por la barbarie del secuestro, el Gobierno está dispuesto a permitir que criminales de las Farc responsables de delitos no indultables salgan de las cárceles, siempre que pueda hacerlo en el marco de las leyes vigentes y con el compromiso por parte de ellos de no volver a delinquir. Esta acción humanitaria, que se justifica por los secuestrados que logren su liberación, puede sin embargo ir en detrimento de los derechos de las víctimas directas de los guerrilleros presos que reciben el beneficio de la excarcelación, pues los afectados podrían alegar falta de justicia e invocar la necesidad de reparación. ¿Cómo se maneja esta contradicción entre los intereses de las víctimas?

Tal como fue acordado con Iván Cepeda Castro antes de escribir esta columna, dejo este tema para debate, esperando que sus puntos de vista nos ayuden a resolver este dilema ético y legal.

*****
La manipulación del sufrimiento
Iván Cepeda Castro

En su gestión pública como Alto Comisionado para la Paz , y en sus escritos como psiquiatra, Luis Carlos Restrepo ha expuesto una tipología de las víctimas sobrevivientes de la violencia en Colombia. De acuerdo a esa clasificación, las víctimas o son portadoras de la pasión vengativa, o son presa del chantaje de sus agresores. Como bien lo ha definido el investigador Alfredo Gómez Müller al criticar esta clase de modelos argumentativos, se trata de la “asimilación de la víctima a lo patológico, lo irreflexivo y lo irracional” que conlleva la despolitizació n de quienes sufren los efectos de la violencia.

Durante el debate parlamentario de los proyectos legislativos que condujeron a la Ley de Justicia y Paz, Restrepo asumió la tesis de que las exigencias de justicia o esclarecimiento eran una manifestación del espíritu vengativo de las víctimas. Para convencer a la opinión de esa tesis aseguró que las pretensiones de esclarecimiento y toda invocación de los crímenes contra la humanidad cometidos por los paramilitares y los agentes estatales eran desmesuradas. Según él, la memoria de tales hechos –que nunca ha condenado con la vehemencia con la que condena los crímenes cometidos por las guerrillas- es altamente contraproducente, pues “el país no está preparado para conocer la verdad”. Así, al presentar una primera categoría de víctimas, las “vengativas”, realizó una doble operación. Por una parte, intentó desfigurar el reclamo de verdad y justicia, dirigido en esencia a lograr la no repetición de los crímenes por medio del debilitamiento del inmenso poder económico y político de los paramilitares y de los agentes estatales que se han lucrado de sus servicios criminales. Por otra parte, pretendió banalizar esas acciones criminales al presentarlas como “errores” que es necesario entender y olvidar en aras al “proceso de reconciliació n nacional”. En este mismo semanario, Restrepo afirmó: “las autodefensas fueron un error”. Óigase bien, un “error” y no una estrategia de exterminio cruel y de enriquecimiento, contraria a cualquier noción elemental de Estado democrático.

Ahora el Alto Comisionado nos presenta su interpretació n acerca de una segunda categoría de víctimas, aquellas que han salido a las calles con carteles a pedir el acuerdo humanitario. Su diagnóstico es que ellas son fácilmente manipulables. Sus agresores han logrado colocarlas al servicio del ataque contra la “institucionalidad democrática”. Quienes no se han cruzado de brazos a esperar que sus familiares perezcan en la selva por las enfermedades, el tratamiento inhumano que les dan sus captores o los operativos militares de rescate, padecerían, al parecer, de cierto grado del síndrome de Estocolmo. Quienes han mantenido la atención sobre el secuestro durante una década, a pesar de la indiferencia gubernamental y social, serían, desde esta perspectiva, responsables indirectos de la impunidad de los crímenes cometidos por los guerrilleros presos que saldrían de las cárceles. Se pregunta el Alto Comisionado qué hacer ante la cuestión ética de los derechos de las víctimas de los guerrilleros liberados. Extraño interrogante viniendo de quien sin dilemas éticos promovió en la mesa de negociaciones de Santa Fe de Ralito el ocultamiento de los crímenes de los jefes paramilitares.

La idea de víctimas enceguecidas por el resentimiento es funcional a un esquema de adaptación social a la continuidad del poder y la estrategia paramilitares. La desfiguración de la causa del acuerdo humanitario, al presentarlo como una concesión de las víctimas y la sociedad al chantaje de los enemigos del Estado de Derecho, es la negación de cualquier gesto de humanidad en medio de la guerra, y de cualquier negociación de Paz.

Se ha puesto de moda lo que llaman “visibilizar a las víctimas”. La pregunta que debe hacerse es qué imagen se quiere proyectar de ellas. Se quiere una imagen “discreta” de seres sufrientes que se resignan a la ayuda benevolente y a la compasión. Para Restrepo las víctimas que se resisten a entrar en ese juego son un obstáculo. Sus protestas son indignas, sus exigencias de verdad y justicia son vengativas, pues sostienen autónomamente posiciones críticas y no se acomodan a la manipulación externa de su dolor. Dije que el psiquiatra Luis Carlos Restrepo no está capacitado ni es idóneo para el cargo que desempeña, porque no respeta ni valora adecuadamente a las víctimas. Me reitero en lo escrito: debe renunciar.
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